Propuesta de pacto nacional

18 May

Proponemos a la sociedad y planteamos la exigencia y mandato a las autoridades acciones de corto y mediano plazo que inicien un nuevo camino de paz con justicia y dignidad

1. Exigimos verdad y justicia:

a) Se deben esclarecer y resolver los asesinatos, las desapariciones, los secuestros, las fosas clandestinas, la trata de personas, y el conjunto de delitos que han agraviado a la sociedad, mediante procesos transparentes y efectivos de investigación, procuración y administración de justicia en que se procese a los autores materiales e intelectuales incluyendo a las redes de complicidad y omisión de las autoridades responsables. Determinar la identidad de todas las víctimas de homicidio es un ejercicio indispensable para generar confianza.

b) Exigimos a las autoridades estatales y federal, como señal de la capacidad de funcionamiento del Estado, la resolución pública que presente en un máximo de tres meses a los autores intelectuales y materiales de alguno de los casos emblemáticos que han agraviado a la sociedad, como son: la familia Reyes, Josefina Reyes Salazar, María Magdalena Reyes Salazar, Elías Reyes Salazar, Luisa Ornelas Soto, esposa de Elías, Julio César Reyes Salazar, Rubén Reyes Salazar, Marisela Escobedo y su hija Rubí, Susana Chávez, Bety Cariño y Jery Jaakola, los niños y niñas de la guardería ABC, María Magdalena y Andrea Nicole Figueroa, Emilio Franco Navarro, Valeria Muñoz Ramos, Sofía Martínez.

2. Poner en cada espacio público placas con nombres de las víctimas, como segundo punto dentro de las exigencias mínimas, requerimos poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana.

a). Se debe cambiar el enfoque militarista y la estrategia de guerra de la seguridad pública y asumir una nueva estrategia de seguridad ciudadana con enfoque en los derechos humanos, que evite la participación del Ejército en tareas policiales y avance un modelo de seguridad alternativo y que recupere las experiencias comunitarias, autogestivas y la participación ciudaana en las colonias, barrios y unidades habitacionales.

b) Exigimos que antes de dos meses los Congresos locales aprueben la reforma constitucional en derechos humanos y sea publicada para darle plena efectividad. En el mismo plazo se instituyan mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos.

c) Exigimos que no se aprueben leyes o normas que quebranten la ley o los derechos humanos y las garantías individuales, bajo el concepto de seguridad nacional y que no se aprueben las modificaciones propuestas al dictamen de la Ley de Seguridad Nacional, que se aprueben leyes concertadas con organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil con un enfoque de respeto a los derechos humanos.

d) Convocamos a la sociedad civil a organizar un encuentro nacional de las experiencias de seguridad pública, defensa ciudadana, autogestiva y comunitaria que ya existen en el país, para poder reflexionar colectivamente las alternativas ciudadanas al respecto y como reconstruir el tejido social en comunidades barrios y colonias a partir de conocer y diagnosticar las formas que toma la delincuencia en cada región y saber cómo enfrentarla.

3. Exigimos combatir la corrupción y la impunidad.

a) Se requiere una amplia reforma en la procuración y administración de justicia que dote de verdadera autonomía al MP y al Poder Judicial, que establezca el control ciudadano sobre las policías y los cuerpos de seguridad, avance la reforma a los juicios orales y establezcan sistemas más efectivos de control judicial que reduzcan la discrecionalidad en los procedimientos y resoluciones de fondo. La justicia no puede seguir al servicio de calculos políticos, también se requiere legislar la capacidad de atribuciones de investigación y consignación de funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno en caso de corrupción.

b) exigimos que en máximo seis meses el Congreso elimine el fuero de legisladores y funcionarios de los tres órdenes de gobierno en materia de actos de corrupción, delitos del orden común y del crimen organizado.

4. Exigimos combatir la raíz económica y ganancia del crimen

a) La criminalidad y su violencia tiene como su motor las ganancias derivadas del narcotráfico, los secuestros, la trata de personas, la extorsión, la venta de protección y demás delitos que después inyecta los recursos a la economía mediante el lavado de dinero.

Exigimos un combate frontal al lavado de dinero y activos de de delincuentes, mediante la creación de unidades autónomas de investigación patrimonial en coordinación con la Unidad Federal de Inteligencia Financiera que permitan reunir material probatorio para formular acusaciones y dictar sentencias contra negocios ilegales.

b). Exigimos la presentación de un informe a la nación sobre los resultados de investigación patrimonial y de lavado de dinero, que muestren los casos más notorios que se han sancionado en este sexenio y sobre el avance y la investigación de las unidades de investigación sobre lavado de dinero de las 32 entidades y la federal.

c) Llamamos a la ciudadanía a denunciar los casos notorios de riqueza mal habida y lavado de dinero y los casos de infiltración de recursos del crimen organizado en las campañas políticas y los negocios.

5. Exigimos la atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas a la recuperación del tejido social.

a) La seguridad ciudadana no se resolverá con armas y violencia, exigimos una política económica y social que genere oportunidades reales de educación, salud, cultura y empleo para jóvenes, porque son las y los principales vícitmas de esta estrategia. Exigimos la recuperación del carácter público de la educación y romper el control corporativo que ejerce la cúpula del sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde la política educativa así como el incremento inmediato de los recursos a las acciones sociales de seguridad ciudadana, al menos en la misma proporción a los destinados a las Fuerzas Armadas y corporaciones de seguridad pública.

b) Exigimos que en los próximos tres meses se establezca un programa especial de emergencia nacional para y de jóvenes que invierta las prioridades del presupuesto garantizando al menos lo mismo que se destina a seguridad pública a la construcción de escuelas y el aumento de la matrícula en la educación secundaria, media superior y superior, de escuelas públicas, así como recursos para proyectos culturales, deportivos, productivos y sociales realizados por los propios jóvenes y sus organizaciones, como acciones de reconstrucción del tejido social en barrios, comunidades y unidades habitacionales

6. Exigimos democracia participativa, mejor democracia representativa y democratización en los medios de comunicación.

a) La seguridad requiere democracia y nuevos medios de participación ciudadana. Exigimos que se amplíen los medios e instrumentos de participación ciudadana en los asuntos públicos mediante el reconocimiento institucional de la consulta popular, las candidaturas independientes, revocación del mandato, el voto en blanco y las acciones colectivas, se requiere de una política de Estado en materia de telecomunicaciones que rompa en el menor tiempo posible los monopolios y genere una amplia democratización y apertura no sólo a la competencia sino el fortalecimiento de los medios públicos.

b) Exigimos a la Cámara de Diputados que en un periodo extraordinario, a más tardar en dos meses apruebe la minuta de reforma política constitucional que establece la consulta popular, la iniciativa legislativa, las candidaturas independientes y la reelección inmediata de legisladores y alcaldes.

c) Exigimos que la legislación reglamentaria de la reforma política considere una amplia consulta y participación ciudadana, incluya la revocación del mandato y la reducción de financiamiento a los partidos políticos, y retome los asuntos pendientes en materia de legislación de las acciones colectivas evitando su restricción y retroceso, así como la aprobación de la ley federal de telecomunicaciones y contenidos audiovisuales, propuesto por la sociedad civil y legisladores de varios partidos.

Estas propuestas buscan detonar una nueva convivencia y nuevas bases para la legalidad, son el inicio de un camino, no son su fin, proponemos un pacto ciudadano entre los miembros de la sociedad civil una serie de planteamientos y de mandatos de exigencias a los gobernantes, a los líderes de los partidos políticos y los actores de poder. Este momento requiere la participación de todas y todos, el pacto de la sociedad civil implica un esfuerzo de unidad y organización nacional para que tengamos una voz y acciones parar esta guerra y la violencia social, corrupción e impunidad que nos está destruyendo como personas y como nación, tenemos que dejar la apatía, el paternalismo, las visiones sectarias para sumar colectivamente con una nueva responsabilidad de participación en los asuntos públicos. Esta es una invitación a la sociedad civil para organizarnos y unirnos en torno a demandas y ejes fundamentales de lucha para detener la guerra. Por otro, con esta unidad podemos hacer un emplazamiento a las más altas autoridades y los responsables para exigirles que se comprometan a construir las acciones básicas con el fin de empezar a construir una paz verdadera con justicia y dignidad.

El 10 de junio nos reuniremos con las comisiones de verificación y sanción que la sociedad civil nacional establecerá en este tiempo con especialistas y gente honorable para cada uno de los seis puntos que se acaban de mencionar. La sociedad civil va a monitorear el establecimiento de exigencias y sanciones necesarias si no se cumplen. Verificaremos que cumplan cada punto.

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